El juicio a un hombre acusado de abusar de su sobrina durante cuatro años, desde que tenía ocho y hasta que cumplió doce, previsto este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha aplazado un mes, hasta el próximo 24 de mayo, al no haber comparecido la acusación particular, ejercida por la madre de la víctima, tras no haber podido ser citada por haber cambiado de domicilio.
Así, después de distintas gestiones, ha sido localizada esta misma mañana, pero como ahora vive fuera de la región se ha decidido suspender la vista y señalar una nueva fecha, al tratarse de una testigo importante y fundamental en la causa.
De esta forma, el plenario se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia cántabra el viernes 24 de mayo a partir de las diez de la mañana.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para el procesado que, a juicio de esta parte, aprovechaba cuando la pequeña acudía a su domicilio para realizarle tocamientos en el pecho, la vagina y los glúteos, "de forma muy habitual y prevaliéndose de la corta edad de la niña y de la relación familiar de confianza". La situación duró hasta que la madre descubrió lo sucedido después de que la menor se lo contara a un amigo a través de Instagram.
Según el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a menores, por el que solicita una pena de cinco años y medio de prisión, cinco años de libertad vigilada y ocho años de inhabilitación para desempeño con menores.
Además, pide una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados y la secuela que sufre la menor, ya que, según el informe forense, la pequeña "padece un malestar clínicamente significativo, con trastornos de conducta y conductas hipersexualizadas".
Por su parte, la acusación particular considera que el delito de abuso sexual tuvo lugar con prevalimiento -que se da cuando el hecho delictivo se lleva a cabo aprovechándose de la situación de superioridad respecto a la víctima--, por lo que eleva la petición de pena a seis años de prisión.
También solicita alejamiento y prohibición de comunicar con la menor durante diez años, libertad vigilada de ocho años e inhabilitación para desempeño que conlleve contacto con menores durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 10.000 euros.
